En el centro, Eugenio Ribón, decano del ICAM. Con Xavier Gil Pecharromán, presidente de ACIJUR; Ester Mocholí, diputada del ICAM; Amparo Quintana, copresidenta de la Sección MASC del ICAM; y Carlos Berbell, vicepresidente de ACIJUR.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) ha puesto en marcha los #ExplainersJurídicos. Un formato muy ágil que se ha estrenado con la Ley 1/2025 de eficiencia de la Justicia, que entra en vigor el 3 de abril, con Ester Mocholí y Amparo Quintana, como ponentes. La sesión ha tenido lugar en la sede del ICAM y ha podido seguirse también de forma telemática.
Este formato, nacido del reciente convenio firmado entre ambas instituciones, busca ofrecer claves claras y accesibles a los periodistas sobre novedades legislativas y resoluciones judiciales de relevancia, con el objetivo de aclarar conceptos jurídicos complejos que puedan resultar de interés para los medios de comunicación.
La sesión inaugural ha estado dedicada a la Ley 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, que entra en vigor el jueves 3 de abril y que introduce cambios significativos en el funcionamiento del sistema judicial.
Durante el encuentro, nuestros asociados han podido resolver sus dudas sobre los posibles efectos de la reforma, como la fragmentación de las modificaciones procesales, la aceleración de los plazos judiciales o la regulación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).
El decano del ICAM, Eugenio Ribón ha comentado en el inicio de la jornada que “Nuestro propósito es sencillo pero fundamental: queremos ser útiles. Sabemos que la información jurídica puede ser compleja, por eso apostamos por formatos cercanos y prácticos, estos ‘Explainers jurídicos’, pensados específicamente para facilitar vuestra labor y, con ello, acercar el derecho a la sociedad”.
El presidente de ACIJUR, Xavier Gil Pecharromán, ha señalado numerosas incertidumbres y posibles problemas derivados de la reforma de la Ley 1/2025, a pesar de reconocer el objetivo positivo de la norma de facilitar el acceso a un derecho claro y útil.
Ester Mocholí, diputada 7ª del ICAM, ha mostrado preocupación porque si no se solventa adecuadamente la cuestión de la justicia gratuita en los MASC podría generarse una situación de desigualdad. Ella ha señalado que no puede ser que exista una diferencia de trato entre quienes tienen recursos y quienes no, ya que esto iría en contra del derecho universal a la justicia. Esto iría en contra del principio de acceso universal a la justicia. La iniciativa de la Comunidad de Madrid se presenta como un esfuerzo para evitar este problema.
Amparo Quintana, copresidenta de la Sección de Mediación del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha afirmado que “sería recomendable que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordara unos criterios unificadores sobre la aplicación de los MASC para evitar una aplicación fragmentada, que genere inseguridad jurídica y acabe por desvirtuar el espíritu de la ley”.
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